Luis Cruz 04. Trabajo autónomo 10.

LA NECESIDAD DE LA COLEGIACIÓN COMO GARANTÍA CIUDADANA

La enmienda presentada por el Partido Socialista Andaluz, en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Comunidad Andaluza, sobre la no-obligatoriedad de la colegiación del personal al servicio de las administraciones públicas; ha abierto el debate sobre la necesidad de los colegios profesionales.
Las palabras de la Ministra de Sanidad, Celia Villalobos; y la medida aprobada en Consejo de Ministros del 22 de Marzo de 2002 de, presentar un recurso de inconstitucionalidad ha dejado clara la posición del Gobierno Central en este asunto.
Hay que añadir, puesto que es muy importante, que la presentación de dicho recurso paraliza la aplicación de la Ley; así pues en este momento el Tribunal Constitucional es el que tiene la palabra.
Los Colegios Profesionales tenemos claro que sólo desde una posición de independencia podemos ejercer nuestra labor, ya que ésta es la única forma de regular las distintas profesiones; y es ésta independencia la que algunos poderes políticos se empeñan en debilitar.
Una reciente sentencia del Tribunal Constitucional (194/1998) dice: "la obligatoriedad de incorporarse a un colegio para el ejercicio de la profesión se justifica, no en atención a los derechos de los profesionales, sino como garantía de los intereses de los destinatarios de sus servicios".
El mismo Tribunal indica que la calificación de una profesión como colegiada, requiere desde el punto de vista constitucional la existencia de intereses generales que puedan verse afectados, o dicho de otro modo, la necesaria consecución de fines públicos constitucionalmente relevantes.
Pero… ¿Cómo podría garantizarse una ética uniforme, una formación continuada normalizada, unas normas únicas de publicidad y un Tribunal Deontológico coordinado, sin la colegiación obligatoria?
Estas y otras muchas cuestiones quedarían al arbitrio de intereses políticos y económicos ¿Quién establecería los criterios científicos y técnicos por los que se puede realizar una actuación profesional? Sí se nos contestará que la misma administración; se les podría responder que ya tenemos suficientes ejemplos de sus criterios de ahorro, que dicho sea de paso, muchas veces se oponen a los propios consejos de los profesionales.
El Gobierno andaluz, ante las sentencias que lo obligan a indemnizar a sus propios profesionales por la obligatoriedad de la colegiación, optó por proveerse de una nueva ley que le permitiría eludir esta responsabilidad.
¿Pero se ha meditado sobre las consecuencias de la misma? Tan poco que hasta sus servicios jurídicos se han olvidado de que las leyes autonómicas no pueden modificar la legislación básica del Estado.
Después de todo lo dicho y ante las muestras de incompetencia; los actuales representantes de los Colegios profesionales nos preguntamos ¿Son estas personas las que pretenden avalar a los ciudadanos unas garantías profesionales de calidad en la Administración Pública?

Rodrigo Martin Hernandez.

JOVENES Y ALCOHOL, UN COCTEL PELIGROSO
Recientemente se ha hablado mucho de los riesgos del consumo de alcohol entre la población joven de nuestro país, pero resulta paradójico que nos alarmemos ante este hecho social en un país donde se fomenta, a veces institucionalmente, el consumo de ésta droga aceptada socialmente. Pero si nos centramos en cómo afecta a la población joven, realmente nos estamos enfrentando ante un grave problema social que se manifestará, mas bien tarde que temprano y que terminará padeciendo toda la sociedad.
Ante este problema real, las autoridades sanitarias tenemos que reaccionar antes de que un gran número de jóvenes se vean inmersos en la exclusión social, y con graves problemas de salud, como consecuencia del consumo abusivo de esta droga. Por esto tenemos la obligación de aumentar la percepción del riesgo que supone el consumo de alcohol sin moderación. Debemos desarrollar políticas preventivas al menos dos años antes de la edad media de inicio en el consumo (13,6 años).
Para desarrollar de manera efectiva estas políticas preventivas se tendrían que aplicar, fundamentalmente, en los dos ámbitos de convivencia de esta población. Me refiero a la escuela, en donde se tienen que implicar a los distintos equipos profesionales que participan en la educación; y en la familia, a la que por otra parte se tendría que apoyar con programas formativos y de consulta. Además, éste esfuerzo preventivo se tendría que extender a las organizaciones juveniles y comunidades locales. Finalmente, las distintas administraciones deberían esforzarse en hacer aplicar las distintas normativas que limitan el acceso de la población juvenil al alcohol, o por qué no ir más lejos; retrasar la edad legal de acceso al consumo de alcohol.
Por otra parte, desde el Colegio Oficial de Médicos de esta provincia, consideramos imprescindible ampliar las limitaciones existentes a la publicidad directa e indirecta dirigida a los menores. En este sentido, debe considerarse prioritario intensificar las medidas dirigidas a preservar a los menores de la exposición a la promoción y esponsorización del alcohol, especialmente en lo referente a acontecimientos de carácter deportivo y cultural.
Los medios de comunicación deben jugar un papel primordial en la lucha contra el consumo de alcohol en la juventud. Tienen la responsabilidad de desarrollar su función social buscando siempre el interés público. Las leyes sobre publicidad y las prohibiciones que estas normativas fijan sobre los contenidos y los anuncios de tabaco y alcohol, deben aplicarse rigurosamente en el medio televisivo, radiofónico, el escrito, la publicidad exterior y las acciones promocionales en Internet, que en la actualidad no están sometidos a ninguna restricción. La protección constitucional de los derechos de la infancia debe impregnar cualquier trabajo periodístico sobre el alcohol y otras drogodependencias.
Desde las instituciones se debe potenciar políticas y recursos para la promoción de ocio saludable, sin olvidar la prevención, e implicando a la industria del ocio en el desarrollo de actuaciones alternativas al consumo de alcohol. Es importante que esta lucha no se limite únicamente a la aplicación de medidas restrictivas, sino a la elaboración de normativas con la participación de todos los sectores implicados.
Con estas medidas expuestas someramente, no sólo evitaremos que nuestros jóvenes se conviertan en potenciales alcohólicos, sino que evitaremos los accidentes de tráfico como consecuencia de la conducción bajo los efectos del alcohol.
Por todo esto, los profesionales sanitarios debemos implicarnos desde la prevención, en reducir las nefastas consecuencias del consumo de esta droga por nuestros jóvenes. Atendiendo a ésta convicción, estamos dispuestos a participar en esas políticas preventivas, brindando nuestra colaboración a todos aquellos colectivos que nos demanden nuestra participación desinteresada.

Rodrigo Martin Hernandez.

Análisis de los artículos de opinión.

La necesidad de colegiación como garantía ciudadana.

1.1 La enmienda presentada por el Partido Socialista Andaluz, en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Comunidad Andaluza, sobre la no-obligatoriedad de la colegiación del personal al servicio de las administraciones públicas; ha abierto el debate sobre la necesidad de los colegios profesionales.

1.2 Las palabras de la Ministra de Sanidad, Celia Villalobos; y la medida aprobada en Consejo de Ministros del 22 de Marzo de 2002 de, presentar un recurso de inconstitucionalidad ha dejado clara la posición del Gobierno Central en este asunto.

1.3 Hay que añadir, puesto que es muy importante, que la presentación de dicho recurso paraliza la aplicación de la Ley; así pues en este momento el Tribunal Constitucional es el que tiene la palabra.

1.4 Los Colegios Profesionales tenemos claro que sólo desde una posición de independencia podemos ejercer nuestra labor, ya que ésta es la única forma de regular las distintas profesiones; y es ésta independencia la que algunos poderes políticos se empeñan en debilitar.

desarrollo

2.1 Una reciente sentencia del Tribunal Constitucional (194/1998) dice: "la obligatoriedad de incorporarse a un colegio para el ejercicio de la profesión se justifica, no en atención a los derechos de los profesionales, sino como garantía de los intereses de los destinatarios de sus servicios".

2.2 El mismo Tribunal indica que la calificación de una profesión como colegiada, requiere desde el punto de vista constitucional la existencia de intereses generales que puedan verse afectados, o dicho de otro modo, la necesaria consecución de fines públicos constitucionalmente relevantes.

2.3 Pero… ¿Cómo podría garantizarse una ética uniforme, una formación continuada normalizada, unas normas únicas de publicidad y un Tribunal Deontológico coordinado, sin la colegiación obligatoria?
Estas y otras muchas cuestiones quedarían al arbitrio de intereses políticos y económicos ¿Quién establecería los criterios científicos y técnicos por los que se puede realizar una actuación profesional? Sí se nos contestará que la misma administración; se les podría responder que ya tenemos suficientes ejemplos de sus criterios de ahorro, que dicho sea de paso, muchas veces se oponen a los propios consejos de los profesionales.

2.4 El Gobierno andaluz, ante las sentencias que lo obligan a indemnizar a sus propios profesionales por la obligatoriedad de la colegiación, optó por proveerse de una nueva ley que le permitiría eludir esta responsabilidad.
¿Pero se ha meditado sobre las consecuencias de la misma? Tan poco que hasta sus servicios jurídicos se han olvidado de que las leyes autonómicas no pueden modificar la legislación básica del Estado.

3.1 Después de todo lo dicho y ante las muestras de incompetencia; los actuales representantes de los Colegios profesionales nos preguntamos ¿Son estas personas las que pretenden avalar a los ciudadanos unas garantías profesionales de calidad en la Administración Pública?

JOVENES Y ALCOHOL, UN COCTEL PELIGROSO

introduccion

1.1 Recientemente se ha hablado mucho de los riesgos del consumo de alcohol entre la población joven de nuestro país, pero resulta paradójico que nos alarmemos ante este hecho social en un país donde se fomenta, a veces institucionalmente, el consumo de ésta droga aceptada socialmente.

desarrollo

2.1 Pero si nos centramos en cómo afecta a la población joven, realmente nos estamos enfrentando ante un grave problema social que se manifestará, mas bien tarde que temprano y que terminará padeciendo toda la sociedad.

2.2 Ante este problema real, las autoridades sanitarias tenemos que reaccionar antes de que un gran número de jóvenes se vean inmersos en la exclusión social, y con graves problemas de salud, como consecuencia del consumo abusivo de esta droga.

conclusiones

2.3 Por esto tenemos la obligación de aumentar la percepción del riesgo que supone el consumo de alcohol sin moderación.

2.4 Debemos desarrollar políticas preventivas al menos dos años antes de la edad media de inicio en el consumo (13,6 años).

2.5 Para desarrollar de manera efectiva estas políticas preventivas se tendrían que aplicar, fundamentalmente, en los dos ámbitos de convivencia de esta población.

2.6 Me refiero a la escuela, en donde se tienen que implicar a los distintos equipos profesionales que participan en la educación; y en la familia, a la que por otra parte se tendría que apoyar con programas formativos y de consulta.

2.7 Además, éste esfuerzo preventivo se tendría que extender a las organizaciones juveniles y comunidades locales.

conclusiones

3.1  Finalmente, las distintas administraciones deberían esforzarse en hacer aplicar las distintas normativas que limitan el acceso de la población juvenil al alcohol, o por qué no ir más lejos; retrasar la edad legal de acceso al consumo de alcohol.

3.2 Por otra parte, desde el Colegio Oficial de Médicos de esta provincia, consideramos imprescindible ampliar las limitaciones existentes a la publicidad directa e indirecta dirigida a los menores.

3.3 En este sentido, debe considerarse prioritario intensificar las medidas dirigidas a preservar a los menores de la exposición a la promoción y esponsorización del alcohol, especialmente en lo referente a acontecimientos de carácter deportivo y cultural.

3.4 Los medios de comunicación deben jugar un papel primordial en la lucha contra el consumo de alcohol en la juventud.

3.5  Tienen la responsabilidad de desarrollar su función social buscando siempre el interés público.

3.6 Las leyes sobre publicidad y las prohibiciones que estas normativas fijan sobre los contenidos y los anuncios de tabaco y alcohol, deben aplicarse rigurosamente en el medio televisivo, radiofónico, el escrito, la publicidad exterior y las acciones promocionales en Internet, que en la actualidad no están sometidos a ninguna restricción.

3.7 La protección constitucional de los derechos de la infancia debe impregnar cualquier trabajo periodístico sobre el alcohol y otras drogodependencias.

3.8 Desde las instituciones se debe potenciar políticas y recursos para la promoción de ocio saludable, sin olvidar la prevención, e implicando a la industria del ocio en el desarrollo de actuaciones alternativas al consumo de alcohol.

3.9 Es importante que esta lucha no se limite únicamente a la aplicación de medidas restrictivas, sino a la elaboración de normativas con la participación de todos los sectores implicados.

3.11 Con estas medidas expuestas someramente, no sólo evitaremos que nuestros jóvenes se conviertan en potenciales alcohólicos, sino que evitaremos los accidentes de tráfico como consecuencia de la conducción bajo los efectos del alcohol.

3.12 Por todo esto, los profesionales sanitarios debemos implicarnos desde la prevención, en reducir las nefastas consecuencias del consumo de esta droga por nuestros jóvenes. Atendiendo a ésta convicción, estamos dispuestos a participar en esas políticas preventivas, brindando nuestra colaboración a todos aquellos colectivos que nos demanden nuestra participación desinteresada.

Luis Fernando Cruz Guauta Grupo # 4.